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18 de julio de 2013

Europa exige la devolución de las ayudas a los astilleros

La Comisión Europea ha exigido al sector naval español la devolución de las ayudas, que consideran ilegales, recibidas por los astilleros entre los años 2007 y 2011. Estas ayudas deberán abonarlas los inversores que financiaron la construcción, y no los propios astilleros, por lo que el sector se encuentra en un momento crítico que podría saldarse con el despido de miles de personas y, según aseguran los propios líderes y sindicatos del sector, la desaparición de éste. Ahora bien, ¿por qué se consideran ilegales estas ayudas? Según la investigación de la Comisión Europea, las bonificaciones estaban basadas en el tax lease, un complejo sistema de deducciones fiscales a los inversores del sector naval que ha sido utilizado desde 2002 y reformado en 2012, pero que hasta la denuncia conformada por dos federaciones nacionales de astilleros, uno particular y el pacto de las asociaciones navales de siete países europeos contra el sistema español, no fue investigada por la Comisión Europea. Francia también empleaba un sistema similar, pero Bruselas no impuso dictamen porque, en el caso galo, el sistema se modificó en el 2007.

Joaquín Almunia planteaba ante la Comisión que las ayudas a devolver llegaran hasta el año 2005, momento en el que Bruselas comenzara una investigación hacia el caso francés, pero el comisario de industria europeo, Antonio Tajani, lograra una rebaja hasta 2007, pese a que el Gobierno español demandara la devolución desde 2009.  Los astilleros ya hablan de un absoluto revés para el sector, que ya estaba en horas bajas por la crisis económica. En Vigo, una ciudad industrial, la mayoría de los astilleros ven peligrar su producción, y en algunos casos, han comenzado los encierros. La situación se repite en las principales ciudades pesqueras del País Vasco y Asturias. En el caso de la ciudad gallega, su alcalde, Abel Caballero (PSOE), ha propuesto declarar al Sr. Almunia en el próximo pleno como 'Persona Non Grata' en la ciudad, como venía reclamando el Partido Popular, porque considera que, Almunia, ha sido "quien más daño ha producido a la ciudad", señalando una actitud "propia de personas que toman una decisión indebida a sabiendas".

El Gobierno estima que los inversores tendrán que devolver un total de 2.000 millones de euros, según aseguró el Ministro de Industria, José Manuel Soria, que regresarán a las arcas del Estado. En línea con el estilo habitual de la Unión Europea, Almunia ha asegurado que "el futuro de los astilleros dependerá de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores" y que se sentía "avergonzado por la exageración de los astilleros". De nuevo, como tantas otras veces, España y su potencial en el sector de la industria y, en este caso, la relación con el pesquero, vuelve a salir perjudicada por una Europa que parece favorecer a unos a costa de otros.

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